El pasado 07 de febrero Guadalupe N., mujer de 28 años de edad, fue rescatada con vida luego de un intento de suicidio en el municipio de San Miguel Tlacamama, región Costa. Sin embargo, luego de entrar en coma, la joven falleció en un hospital de Pinotepa Nacional.
Consorcio Oaxaca señala que en total han ocurrido 84 suicidios de mujeres durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, es decir del 01 de diciembre de 2016 al 12 de febrero de 2021, de los cuales el 17% (14 casos) se registran durante el periodo de contingencia por Covid-19. Esto de acuerdo con datos de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca.
En 4 regiones -donde las cifras de violencia feminicida son las más altas en el estado- se concentra el mayor número de suicidios de mujeres (73 casos) en esta administración: Valles Centrales con 35 casos; Costa con 14; Mixteca 9; Istmo 8 y Papaloapan 7 casos. Lo anterior representa el 87% del total de suicidios registrados en este gobierno.
Las cifras también revelan que 59% de las mujeres víctimas de suicidio se ubican principalmente en el rango de los 11 y 29 años de edad y 29% se ubica entre los 30 y 50 años de edad.
Consorcio Oaxaca refiere que, durante el periodo de contingencia por Covid 19 –es decir del 21 de marzo de 2020 a la fecha- se registran 14 suicidios en todo el estado: 7 casos en la región Costa; 4 en Valles Centrales; 2 en la Mixteca y 1 en el Istmo de Tehuantepec.
Lo anterior resulta preocupante si se considera que, de acuerdo con información de la ONU, las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir depresión y ansiedad (ONU, 2020). Este padecimiento afecta sobre todo a personas de entre 14 y 35 años y es la primera causa mundial de suicidio. Además, es sabido que una de las causas principales de trastornos mentales como la depresión o ansiedad es la violencia cotidiana que enfrentan las mujeres en espacios públicos y privados, sobre todo cuando se han visto obligadas a permanecer cerca de los agresores en periodo de contingencia por la pandemia de Covid 19.
De ahí que la atención de la salud mental de las mujeres en la entidad debe ser prioridad para el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, sobre todo en el contexto de pandemia, resulta urgente la asignación de presupuesto para implementar acciones de salud pública que prevengan trastornos y enfermedades mentales que deterioran la calidad de vida de las mujeres en Oaxaca.
El feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina en Chiapas, quién fue abusada sexualmente en la comunidad dónde realizaba su servicio social, fue denunciado por ella misma ante las autoridades correspondientes, sin embargo nadie la escuchó. Seis meses después su cuerpo sin vida fue localizado dentro del cuarto donde residía. El caso ha generado indignación a nivel nacional, de ahí que Consorcio Oaxaca analizó datos sobre la violencia sexual contra las jóvenes estudiantes en la entidad.
Los datos recuperados de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca reflejan que del total de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales -329 casos del 01 de diciembre del 2016 a la fecha-, el 11% eran estudiantes (37 casos).
Se observa que tan sólo tres regiones del estado suman 84% de las agresiones sexuales a mujeres estudiantes: Valles Centrales con 20 casos; Mixteca con 7 casos e Istmo con 4. La cifra más alta de agresiones contra ellas han sido los abusos sexuales, con 17 casos; violación, 13 casos y acoso sexual, con 7.
De acuerdo con la organización feminista, el 46% de as agresiones sexuales a estudiantes suceden en la calle o la comunidad (17 casos); 35% ocurre en la escuela o espacios escolarizados (13 casos); 14% se registra en la casa (5 casos) y 5% ha ocurrido en el trabajo (2 casos).
Los datos revelan que 73% de las mujeres estudiantes que han sido víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes que se ubican en el rango de los 4 a 17 años de edad (27 casos).
Son profesores los principales agresores sexuales (12 casos) a estudiantes; le siguen compañeros de trabajo o escuela, familiares y conocidos (11 casos) y desconocidos (10 casos). Dos casos no cuentan con esta información.
Consorcio Oaxaca señala que en pleno contexto de pandemia la violencia sexual contra las mujeres estudiantes no se detiene, por el contrario, sigue sucediendo tanto en espacios públicos como cibernéticos, tal fue el reciente caso de una alumna de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad La Salle Oaxaca, quien fuera víctima de acoso sexual cibernético por parte de dos profesores, quienes a pesar de haber sido removidos de su función como una medida correctiva de la institución, no resuelve la urgente necesidad de realizar acciones que garanticen la prevención, la no repetición y sanción de estos delitos, para que niñas y mujeres estudiantes ejerzan su derecho a educarse en contextos libres de violencia de género.
Ya en marzo de 2020, profesoras y estudiantes de la Universidad del Istmo campus Ciudad Ixtepec denunciaron que tres profesores de la licenciatura de Derecho ejercían violencia sexual y hostigamiento contra ellas, y a pesar de que las autoridades educativas lo saben, su actuar ha sido a favor de estos presuntos acosadores. En ese mismo período las estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca denunciaron -a través de los Tendederos del Acoso- las agresiones y hostigamiento que venían padeciendo en 7 planteles educativos, por lo que fueron despedidos 6 profesores. Sin embargo, el resultado de estas y otras acciones son exigencias de la sociedad civil y el estudiantado, mas no de las instancias correspondientes que deberían generar medidas que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres en Oaxaca.
Es sabido que en el estado, a pesar de que las víctimas de violencia sexual y sus familias se atreven a denunciar ante autoridades educativas e institucionales, sus voces siguen siendo ignoradas, pues la impunidad y negacionismo es una característica del gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quién inicia su quinto año de gobierno con un total de 12 feminicidios, tan sólo en lo que va de 2021.
Exigimos al gobierno de Oaxaca, implemente de manera urgente acciones que paren la matanza impune de mujeres y niñas.
Exigimos al Gobierno Federal, asuma con seriedad la evaluación y seguimiento de la Alerta de Género en Oaxaca
Iniciamos el 2021 en medio de la crisis por la pandemia de la COVID19, agravado con el incremento de desapariciones de mujeres y feminicidios en la entidad que nos indignan y preocupan, ya que la vida de las mujeres corre peligro en Oaxaca, mientras que el Gobierno de Alejandro Murat prioriza la coyuntura electoral que se aproxima.
El resultado de esta incapacidad es un mayor número de mujeres víctimas de violencia feminicida. Las cifras que registramos en nuestra Plataforma de Violencia Feminicida revelan que del 01 de diciembre de 2016 al 15 de diciembre de 2020 ocurrieron 2,484 casos de violencia feminicida en la entidad. La cifra más alta corresponde a 1,029 mujeres desaparecidas; en segundo orden 483 feminicidios; le siguen 419 víctimas de violencia familiar y 325 delitos sexuales; 77 suicidios y 51 casos de violencia política de género.
Las cifras de violencia contra las mujeres por razón de género en Oaxaca no cesaron durante el periodo vacacional, pues del 15 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 los medios informativos locales e instancias gubernamentales como la FGEO han reportado 55 casos de violencia feminicida en el estado. Cabe destacar que en este periodo la cifra más alta también corresponde a mujeres víctimas de desaparición, con 31 casos; 9 feminicidios, 8 casos de violencia familiar y 6 suicidios.
Respecto al período analizado, destacamos que:
68% de los casos de mujeres desaparecidas (21) se registran sólo en dos regiones: la Costa, con 11 y Valles Centrales con 10.
78% de las víctimas de feminicidio (7) fueron asesinadas con arma de fuego y/o arma blanca, de las cuales 4 tenían entre 17 y 30 años de edad.
50% de las mujeres agredidas en el ámbito familiar fueron víctimas de tentativa de feminicidio, en cuyo caso tenían una relación de pareja con los agresores. En 6 de los casos registrados se desconoce la edad de las agredidas.
El total de suicidios de mujeres en este periodo también se registran en Valles Centrales, 4 casos, y en la Costa, 2 casos. El 50% de las víctimas tenían entre 12 y 17 años de edad.
No es un secreto, que la ineptitud, la falta de voluntad política y la negligencia institucional han sido características de este gobierno que se ha convertido en cómplice de los feminicidas y ha contribuido a perpetuar la cadena de impunidad y permisibilidad.
La realidad que enfrentamos es resultado de la falta de políticas integrales que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres. Ni siquiera porque en 40 municipios de la entidad fue declarada la Alerta de Violencia de Género se han implementado las recomendaciones que la CONAVIM mandó.
Otro aspecto es la procuración de justicia, hay una deuda pendiente por parte de la Fiscalía General del Estado, encabezado por Rubén Vasconcelos. En diferentes ocasiones ha sido llamado a comparecer ante el Congreso y sigue sin dar resultados, aún así se mantiene en su cargo.
Alejandro Murat Hinojosa tome con seriedad la violencia feminicida que existe en Oaxaca. Es necesario que asuma esta grave situación. Es momento de separar de sus funciones a los/as servidores públicos que no estén cumpliendo con sus obligaciones de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.
¡Nos queremos libres y vivas!
¡Alto a la masacre contra mujeres en Oaxaca!
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca
La desaparición de mujeres presenta un registro de 79 casos durante el primer trimestre de confinamiento en la entidad.
48% de los feminicidios han ocurrido en espacios públicos y más de 60% fueron con arma de fuego en el mismo periodo.
Datos analizados por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca revelan que las cifras de feminicidios, desapariciones, violencia familiar y violencia sexual contra las mujeres son las más altas durante el primer trimestre de contingencia en la entidad.
Se analizaron los datos de la Plataforma de Violencia Feminicida del 21 de marzo (fecha en que comenzó el periodo de confinamiento por la pandemia Covid-19) al 21 de junio de 2020, comparándolos con los datos registrados durante los tres meses anteriores, es decir, del 21 de diciembre 2019 al 21 de marzo 2020.
En relación a la desaparición de mujeres se documenta un registro de 79 casos (en comparación con 53 ocurridos durante los 3 meses anteriores), la violencia familiar registra 17 casos (en comparación con 12 ocurridos en el trimestre anterior), 23 feminicidios (en comparación con 35 ocurridos tres meses atrás) y la violencia sexual presenta 10 casos (en comparación con 20 ocurridos en el anterior periodo).
Cabe señalar que la cifra de feminicidios disminuyó alrededor de un 30%, sin embargo no deja de ser preocupante que el 48% de los asesinatos ocurrieron en espacios públicos y más de 60% fueron perpetrados con arma de fuego. La región del Papaloapam y el Istmo ocupan el primer lugar con 7 feminicidios registrados.
En el análisis realizado por Consorcio Oaxaca se observa el incremento de la violencia familiar en contexto de pandemia, lo cual demuestra que la casa es un lugar inseguro para las mujeres, y no sólo la calle como se pensaba, pues en datos de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca encontramos que durante el primer trimestre del confinamiento 64% de los agresores siguen siendo esposos, concubinos e hijos de las víctimas. Las agresiones van de las amenazas, insultos, golpes hasta el intento de feminicidio. De ahí que el riesgo de violencia contra las mujeres aumenta al encontrarse en confinamiento con los agresores y reduce la posibilidad de contar con redes y medios, al estar vigiladas y en muchas ocasiones impedidas para realizar llamadas telefónicas o salir a la calle en busca de ayuda.
En el seguimiento a los 50 casos atendidos por la organización feminista, conforme a las medidas que tomaron para la Estrategia de Atención telefónica a Mujeres en situación de violencia[1], destaca que 59% de las atenciones fueron por violencia familiar, 15% por violencia física, 15% por violencia económica, la violencia sexual representa 9% y en menor medida la violencia patrimonial con el 2%.
Es importante mencionar que del total de casos atendidos el 44% interpusieron denuncia penal y 56% no lo hicieron, 20% de los casos atendidos fueron canalizados directamente al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM). La falta de confianza en las autoridades, así como el miedo a represalias por parte de los agresores -en particular al estar confinadas con ellos-, fueron los motivos para no denunciar las agresiones en su contra.
A partir de las llamadas telefónicas atendidas por el equipo de Consorcio se pudo documentar que de las 38 mujeres atendidas por violencia familiar, 11 solicitaron orden de protección, mismas que fueron negadas en 6 de los casos y en una sola ocasión otorgadas en el sentido de alejamiento del agresor. En 1 de los 4 casos en los que fueron otorgados rondines se otorgó como medida cautelar y no orden
de protección. Asimismo, en todos los casos en los que se otorgaron rondines se justificó la no implementación de alejamiento en el sentido de “No alertar al agresor”.
La respuesta del gobierno de Alejandro Murat en contexto de pandemia también fue analizada a través de las medidas que tomó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca frente a la violencia de género, pues a partir de la declaración de las medidas de confinamiento en la entidad, el 21 de marzo 2020, la FGEO dio a conocer que reforzaría la atención telefónica ofreciendo números telefónicos generales, pero sin una propuesta de atención diferenciada para mujeres en situación de violencia. Fue hasta el 19 de mayo del 2020 que dio a conocer públicamente por videoconferencia la “Guía de actuación para las mujeres en situación de violencia durante el aislamiento por el COVID-19”[2]. Sin embargo, Consorcio detecta que la herramienta digital sería mucho más útil si considerara que Oaxaca tiene 8 regiones diversas en las que se hablan 16 lenguas originarias distintas y las mujeres requieren y tienen el derecho a que esta información se presente en su lengua materna; además, tampoco considera que no todas las mujeres saben leer y escribir ni cuentan con información y/o acceso al uso y manejo de dispositivos móviles o internet en muchas comunidades del estado.
La información permite observar los obstáculos que enfrentan las mujeres para prevenir y combatir la violencia doméstica en confinamiento, así como el impacto del Covid-19 en el acceso de las oaxaqueñas a la justicia. Se documentaron dificultades para interponer denuncias en periodo de confinamiento, la suspensión de algunas audiencias en casos de extrema gravedad por no ser considerados urgentes como el caso de María del Sol Cruz Jarquín, por el cual la periodista y madre de la joven asesinada hace dos años, Soledad Jarquín, ha sido víctima de hostigamiento y ataques en su contra y de quienes se suman a la demanda de #JusticiaParaSol , tal y como se ha denunciado públicamente[3].
[1] Iniciativa impulsada por Equis Justicia para las Mujeres en coordinación con otras organizaciones que inició a partir de la declaración de medidas de confinamiento por emergencia sanitaria en la entidad.
[2] Esta guía digital busca dotar de información a las mujeres sobre sus derechos, acciones a emprender en caso de vivir violencia y formas de acceder a los servicios que brinda dicha institución como denuncia en línea, denuncia vía Whatsapp y atención telefónica. Disponible en: .http://fge.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/guia-actuacion-mujeres.pdf
Ciudad de México y San José, 14 de julio de 2020. –El 13 de julio, en el marco del 176º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders, las organizaciones que componen el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), participaron, en una reunión bilateral con la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño para abordar la situación de la defensa de derechos humanos y libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID19.
En el espacio, las organizaciones denunciaron que la situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden derechos humanos en México se ha agravado a raíz de las medidas de atención a la pandemia implementadas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios frente a la pandemia por COVID-19. En particular, se refirieron a la situación de mujeres defensoras y de la población LGBTIQ+; así como de personas defensoras de la tierra y el territorio, personas defensoras criminalizadas y privadas de libertad, de quienes acompañan a la población migrante, a los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores; y a la situación de familiares de personas desaparecidas o víctimas de violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con información documentada por las organizaciones, desde el inicio de la contingencia, al menos 10 personas defensoras han sido asesinadas (4 de ellas mujeres y dos periodistas) y se ha reportado la criminalización de tres defensoras, entre muchas otras agresiones como la estigmatización, represión y amenazas. Al mismo tiempo, se intensifican las campañas de hostigamiento físico y digital, bloqueos informativos, desprestigio y amedrentamiento.
Durante la reunión bilateral celebrada este lunes, las organizaciones participantes señalaron que, si bien existen instancias con responsabilidades claras sobre este problema, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, persisten serias limitaciones para disminuir el riesgo en el que se encuentran las personas beneficiarias; y no existe un reconocimiento de las causas diferenciales y las afectaciones sociales, económicas y políticas que conlleva el COVID-19.
A esto se suma la preocupación de las organizaciones por el agravamiento de las barreras estructurales que atentan contra la defensa de derechos humanos y la libre expresión. Entre ellas, la profundización de la militarización a partir de la emisión del decreto del 11 de mayo de 2020, que dispone de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública; así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en medio de las restricciones a la movilidad adoptadas por los gobiernos locales.
Por su parte, las organizaciones denuncian que la intensificación del extractivismo ante la continuidad de megaproyectos, la restricción en los trámites de solicitud de información pública; así como, la suspensión y disminución de labores de los tribunales y fiscalías, limitan el acceso a la justicia, y conllevan efectos negativos sobre las personas defensoras y periodistas.
Igualmente se resaltó el alarmante incremento de la violencia de género. El mes de abril de 2020 fue el mes con más carpetas de investigación sobre asesinatos de mujeres; y entre marzo y mayo se alcanzaron cifras récord en llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar y sexual, poniendo a las defensoras y periodistas en distintos niveles y ámbitos de riesgo. Así lo evidencia el repunte de la violencia contra mujeres periodistas: del total de agresiones documentadas contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia, el 52.17% fueron dirigidas contra ellas.
“Nos preocupa la continuidad de la impunidad y violencia contra las mujeres, y la falta de atención debida, donde el Gobierno Federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres nos atraviesa este contexto de riesgo.” afirmó Cecilia Espinosa de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Como resultado, y ante la falta de respuesta estatal, las organizaciones solicitaron a la CIDH que:
Brinde recomendaciones a autoridades federales y estatales con relación a la situación de personas defensoras y periodistas en México en el contexto de la pandemia.
Brinde asistencia técnica encaminada a implementar las recomendaciones dictadas por organismos de derechos humanos relativas a personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el fin de los riesgos provocados por las medidas sanitarias y de recuperación post COVID 19.
Monitorear que el Estado Mexicano incluya a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y Organizaciones de la Sociedad Civil en sus diagnósticos y en la elaboración de programas y políticas públicas.
Solicitar información al Estado Mexicano sobre medidas específicas que hayan tomado todas las autoridades que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección en lo individual y de manera coordinada, así como la proyección presupuestal de la política integral de protección.
Por su parte, la Comisión Interamericana se comprometió a dar seguimiento a la comunicación con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para sostener mecanismos conjuntos vigentes para la protección a personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, la CIDH expresó su interés en brindar asesoría técnica al gobierno de México orientada a implementar las recomendaciones internacionales en relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Situación de las mujeres en Oaxaca en el contexto de Covid-19
Te compartimos el informe sobre “Violencia Feminicida. La Pandemia ignorada”, recopila datos e información relevante centrada en aspectos de la Pandemia COVID-19 de marzo a junio del 2020.
